Boston Globe es un periódico que fue fundado en 1872 y tiene como única y principal sede la ciudad de Boston (Massachusetts). En la actualidad, el diario es considerado uno de los líderes en el periodismo estadounidense con 17 premios Pulitzer obtenidos. A finales de los años 90 y principios de los 2000 se empezaron a reportar cientos de casos sobre el abuso de menores en varias parroquias del estado (ligadas a la iglesia Católica romana). Un grupo de investigación llamado “Spotlight” se encargó de juntar los testimonios, revisar sus conexiones y encontrar nombres ligados a estos delitos. El proceso completo fue retratado en el film del mismo nombre que se estrenó en 2015 y se llevó el Oscar a mejor película y guion.
El equipo real estuvo conformado por Walter Robinson, redactor-jefe del equipo, junto a sus reporteros: Michael Rezendes, Sasha Pfeiffer, Mat Carroll; y por último Martin Baron: Editor en jefe del Boston Globe (fue contratado en 2001 y motivó al equipo a investigar el caso de la conocida Arquidiócesis Católica de Boston). Habían dos objetivos claros: Averiguar que existía un patrón de abusos sexuales por parte del ex-sacerdote John Geoghan, que figuraba en la mayoría de denuncias, y si fuese así, descubrir el porqué la arquidiócesis habría protegido por tanto tiempo a este sujeto (incluido a otros más relacionados por delitos similares).
El periódico comenzó a llenar huecos y durante el proceso fue amenazado, le cerraron puertas y les ocultaron pruebas con la finalidad de que su hipótesis sea debilitada. Peso a ello, lograron reunir evidencia sólida y verificada gracias al apoyo de las víctimas y a expertos del tema, el principal fue Richard Sipe (psicoterapeuta que trabajó para la iglesia católica tratando a sacerdotes con trastornos psiquiátricos). Desde el 6 de enero del 2002 en adelante, Spotlight, publicó una serie de artículos extensos y detallados sobre la pederastia ejercida en las parroquias e iglesias de Estados Unidos. Producto de esta investigación se descubrieron más casos alrededor del mundo. Efectuando así, una crisis global para la Iglesia Católica que produjo renuncias, expulsiones y cierre de parroquias.
Así mismo, se comprobó que John Geoghan, llevó una carrera de tres décadas en seis parroquias de distintas localidades; donde en cada una se registró hostigamientos y conductas impropias hacia los niños de la comunidad (muchos de ellos venían de familias con bajos recursos económicos). Las víctimas siempre fueron persuadidas para no declarar, no sólo por la iglesia, sino también por los mismos vecinos de la zona. Geoghan, se retiró en 1993, a la edad de 58 años. Tres años más tarde, después de que surgieron más acusaciones en su contra, pasó varios meses en terapia en el Instituto Southdown en Canadá.
Margaret Gallant, tía de unas las víctimas de Geoghan, expresó su frustración sobre este caso: «Independientemente de lo que diga el médico que lo atendió, no creo que esté curado; sus acciones sugieren fuertemente que no lo está, y no hay garantía de que las personas con estas obsesiones se curen alguna vez. Me avergüenza que la iglesia sea tan negligente».
Bernard Francis Law, fue Arzobispo de Boston desde 1984 hasta su renuncia el 13 de diciembre del 2002. Ese año se demostró que ignoró u ocultó el abuso sexual de numerosos niños. Documentos de la iglesia demuestran que tenía un amplio conocimiento sobre el abuso sexual infantil generalizado, cometido por docenas de sacerdotes dentro de su arquidiócesis; durante un período de casi dos décadas, y que no informó estos crímenes a las autoridades, sino que simplemente traslado a los sacerdotes acusados a otras parroquias. El traslado de Geoghan de una parroquia a otra creó una coincidencia devastadora para una familia. Un niño al que supuestamente abusó sexualmente es el hijo de un hombre que había estado entre los muchos abusados por James Porter: Otro sacerdote condenado de abusar de 28 niños durante la década de 1960 en la Diócesis de Fall River.
A finales del 2002, Geoghan fue acusado de abuso sexual que involucró a más de 130 infantes y luego declarado culpable de agresión indecente por agarrar las nalgas de un niño de 10 años en una piscina del Waltham Boys and Girls Club (1991). Fue sentenciado a diez años de prisión. Después de aceptar inicialmente un acuerdo de $30 millones con 86 de las víctimas de Geoghan, la arquidiócesis de Boston se retiró y finalmente llegó a un acuerdo con ellos por $10 millones.
El 23 de agosto de 2003, mientras estaba bajo custodia protectora en el Centro Correccional de máxima seguridad Souza-Baranowski en Lancaster, Geoghan fue estrangulado y pisoteado hasta la muerte en su celda por el recluso Joseph Druce. Este último cumplía una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a un hombre que supuestamente le hizo insinuaciones sexuales.
El caso explosivo de la ciudad de Boston y de otras partes del mundo demostró que el problema no sólo fueron LOS SACERDOTES sino que el SISTEMA al que pertenecía los favoreció con una frialdad insólita e injustificable. Realidad paralela al caso del peruano Luis Fernando Figari, líder y fundador del sodalicio Vida Cristina en 1971, que fue acusado de una docena de abusos sexuales a jóvenes que eran reclutados para su causa. Testimonios que salieron a la luz en el libro “Mitad monjes, mitad soldados” (2015) que parte de la investigación periodística realizada por Pedro Salinas y Paola Ugaz. Tanto Figari como Law fueron reubicados a Roma y protegidos por el Vaticano. Comprobando así, más que una coincidencia, una forma de operar en sucesos de esta naturaleza.
Spotlight tuvo razón: Es el sistema en sí, el eje de cada problemática (todo nace y puede destruirse desde ahí). Partiendo de esta premisa y sabiendo que existen una diversidad de sistemas que son débiles; pero, que comparten un foco de degradación principal ligado al abuso de menores. Es fundamental y necesario expresar que esa problemática también está latente en nuestro país y abarca otras entidades.
En 2018, el portal periodístico de OjoPúblico, publicó una serie de reportajes pertenecientes al proyecto simultáneo ejercido por 6 países que llevó el nombre “Ser Niña en América Latina”. Tanto “La tragedia de ser niña en Mazán” como “Sospechosos comunes” parten de una serie de registros, entrevistas y revelaciones que sirven de brújula de mapeo para ubicar a estos depredadores sexuales.
En el distrito de Mazán, perteneciente al departamento de Loreto, donde sólo es posible su llegada por medio de lancha desde Iquitos: el abuso sexual de menores se asume como parte de una normalidad cruel. 56% de las mujeres de dicha región tuvo un hijo durante la adolescencia producto de una agresión sexual. Estadística publicada en 2013 gracias a la investigación realizada por el antropólogo Jaris Mujica, del Laboratorio de Criminología de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), mismo que se encargó de entrevistar a profundidad a 156 mujeres del distrito que estimaron un rango de edad entre 18 a 29 años.
Un equipo periodístico de Ojopúblico regresó al distrito en 2017 para comprobar que nada se modificó a favor de las jóvenes de este distrito. Los casos reportados en la región de Loreto representan apenas el 1% de las denuncias en todo el país (las cifras oficiales no están en concordancia con la realidad actual). Las razones van desde el escaso personal preparado para seguir los protocolos de atención de las víctimas hasta el excesivo consumo de alcohol en hombres y mujeres que agravan el problema de la violencia. Incluso la comisaría del lugar no se considera un espacio confiable para las afectadas.
Una noche de julio de 2016, una adolescente de 14 años fue intervenida por la policía cuando caminaba de regreso a su casa junto con un compañero tras salir de la escuela nocturna en Indiana, la localidad vecina que sirve como ruta de entrada a Mazán. Los policías llevaron a los dos estudiantes a la comisaría. El muchacho fue liberado; pero la adolescente fue retenida con la excusa de que debía pasar la noche en el lugar por seguridad. En esa misma dependencia policial el comisario la violó y luego ordenó a uno de sus agentes que la regresara a su domicilio en una mototaxi. En el camino, el policía que la acompañaba también abusó de ella.
Los abusadores, el comisario Alex Morgan Aguilar y el agente Lincoln Arteta Reyes, fueron relevados de sus cargos y estuvieron bajo prisión preventiva durante nueve meses en la cárcel de Iquitos, pero ahora enfrentan el proceso en libertad porque; según el expediente N° 03108-2016, la Fiscalía no presentó más pruebas en su contra.
La falta de apoyo de las autoridades e incluso de las familias terminan por silenciar a las víctimas. Sobre uno de los casos donde una niña fue abusada constantemente por un sujeto que posteriormente lograría escapar de las autoridades, el comisario Juan Collantes Ruiz manifestó: «La niña inventa. Si a una persona le hacen todos los días lo que ella dice que le pasó, no podría ni caminar». El manejo poco profesional y los prejuicios de la policía son constantes. No tienen siquiera un registro estadístico de denuncias separado por años (las pocas que se reciben). Entre 2015 y 2019, el Ministerio de Salud de Perú registró más de 5.000 partos de niñas entre siete y 14 años, todas sufrieron abuso.
En marzo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pasó a formalizar una demanda al Perú por el caso de la joven M.C, en Huánuco, víctima de abuso que fue no atendida a tiempo y de forma adecuada por el personal médico. Comprobando así, otra vez, que la violencia de género es estructural y se sostiene de las carencias socioculturales para ganar poder. Más de un millón de niñas y adolescentes de Latinoamérica han sufrido violencia sexual, según Unicef. Los entornos en los que habitan estos abusadores son globales y cercanos (no distinguen ni respetan lugares que puedan considerarse seguros para un grupo de gente). La llegada de la pandemia mundial no ha favorecido a las víctimas. Sólo en el periodo marzo-julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió al menos 900 casos de violación sexual en el país. De todas las víctimas, el 71% eran menores de edad: 600 niñas y adolescentes mujeres y 40 niños varones. Es decir, cinco menores ultrajados cada día durante el aislamiento obligatorio.
El periodismo de investigación sirve como un movimiento de renovación profunda. Sirve para contar una historia que por su misma naturaleza y complejidad se resiste a ser revelada. Que sus orígenes, motivos y consecuencias se distorsionan en el camino. Hablar del abuso y la degradación de menores no es; ni será sencillo. Lo que sí resulta necesario es exponer estos casos y aceptar que la realidad puede ser cruel, que a veces la justicia no llega, que la indiferencia duele. Aceptar todas esas premisas nos prepara para ser más sensibles con el dolor del otro, para conectar con los más pequeños, y en consecuencia, para guiarlos en un camino de vida que debe ser digno de experimentar.
